Ser periodista hoy, en la provincia de Santa Elena, no es una tarea neutra. Mucho menos cuando un caso como el de Jenny Ramírez sacude a la opinión pública, activa emociones legítimas y coloca a los medios frente a una decisión crucial: informar con ética o ceder al ruido.
En escenarios así, la verificación deja de ser una formalidad técnica y se convierte en una obligación moral. No se trata solo de confirmar datos, sino de proteger derechos, evitar daños irreparables y recordar que detrás de cada nombre hay una persona, una familia y una comunidad entera observando cómo se construye el relato público.
El periodismo falla —como advertía Javier Darío Restrepo— no cuando informa sobre hechos complejos, sino cuando renuncia a contrastar, cuando publica versiones sin contexto o cuando permite que la prisa, la presión social o la cercanía territorial sustituyan al rigor.
En el caso de Jenny Ramírez, como en tantos otros que han ocurrido en Santa Elena, el desafío es doble. Por un lado, está el derecho de la ciudadanía a estar informada. Por otro, el deber del periodista de no condenar desde los titulares, de no amplificar rumores ni convertir la tragedia en espectáculo.
En territorios pequeños, donde todos se conocen y las redes sociales funcionan como tribunales paralelos, el riesgo es mayor. La información mal verificada no solo desinforma: hiere, estigmatiza y deja marcas difíciles de borrar. Por eso, callar datos no confirmados no es censura; es responsabilidad. Y preguntar más de una vez no es desconfianza: es profesionalismo.
Restrepo insistía en que la ética no es negociable ni siquiera en contextos adversos. Aplicado a este caso, eso significa recordar que el periodista no trabaja para la indignación inmediata ni para la viralidad del momento, sino para la conciencia pública. Informar no es acusar, ni insinuar, ni adelantar conclusiones que corresponden a otras instancias.
La democracia se debilita cuando se censura a la prensa, pero también cuando el periodismo se convierte en eco del rumor o en juez anticipado. La libertad de expresión pierde sentido cuando se ejerce sin verificación y sin responsabilidad social.
Hoy, el caso de Jenny Ramírez interpela al periodismo de Santa Elena. No por lo que ocurrió únicamente, sino por cómo decidimos contarlo. Ahí se mide la ética profesional: en la capacidad de informar con rigor, humanidad y respeto, incluso cuando el entorno presiona para hacer lo contrario.
Porque mientras exista un periodista dispuesto a verificar, contextualizar y narrar con honestidad —aunque incomode—, la verdad no se diluye.
Se abre paso.
Y el periodismo, entonces, cumple su razón de ser.
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