Santa Elena despierta cada día con un peso nuevo sobre los hombros: el de vivir bajo estado de excepción. El Decreto Ejecutivo N° 23, renovado el pasado 10 de junio de 2025, no es solo una medida jurídica o un titular de prensa. Es una realidad que atraviesa las calles de nuestros cantones, las conversaciones en los mercados, el vaivén de nuestros pescadores y el silencio obligado de nuestras noches.
Como educadora y comunicadora social, no puedo dejar de preguntarme qué consecuencias tiene, en el plano profundo del tejido social, esta forma de convivencia excepcional. Porque el concepto mismo de “excepción” es contrario a la vida democrática cotidiana. Y cuando la excepción se prolonga, la normalidad se deforma. Nos lo preguntamos hoy con más angustia, cuando llevamos meses —y ya varios ciclos de estados de excepción— preguntándonos qué ha cambiado realmente. ¿Qué muestran los resultados de los decretos anteriores? ¿Ha disminuido la violencia estructural o solo se ha desplazado a otras geografías y horarios? ¿Qué nos dice el hecho de que volvamos, una y otra vez, a esta medida? La ampliación de la actual declaratoria es un síntoma de que no estamos resolviendo el problema en su raíz. Y, mientras tanto, nuestra convivencia comunitaria se va erosionando.
Lo que más me preocupa, como madre y docente, es el efecto sobre la infancia y la juventud. Recientemente, algunos centros educativos en zonas vulnerables han debido suspender clases presenciales por amenazas vinculadas a la violencia organizada. En paralelo, el discurso del miedo se instala en los hogares. ¿Qué narrativa estamos construyendo en nuestros niños? ¿Qué las calles son solo para los violentos? ¿Qué el Estado solo responde con fuerza y no con oportunidades? ¿Qué la escuela ya no es un espacio seguro? La pedagogía de la paz, tan necesaria, se ve desplazada por la pedagogía del temor. Y cuando las familias comienzan a preguntarse si deben enviar a sus hijos a la escuela, o si es mejor quedarse en casa para “no exponerse”, estamos en una deriva peligrosa. La educación no puede detenerse ante la violencia; al contrario, es nuestra principal herramienta para vencerla.
Pero hay algo más profundo que no podemos permitir: vivir con miedo. No debemos normalizar el miedo. Debemos vencerlo. Esa es quizás la lección más urgente que este contexto nos exige. Porque el miedo paraliza, silencia, divide. Y cuando aceptamos el miedo como condición permanente, renunciamos a una parte esencial de nuestra ciudadanía. El temor no puede ser la brújula que guíe nuestras decisiones: ni las de un gobierno, ni las de una comunidad, ni las de cada familia en su hogar.
Hoy, además, nos enfrentamos a una paradoja. Estamos a pocos días de dos momentos que para nuestra provincia tienen un profundo significado cultural: el Baño de San Juan o también conocido como "baño bendito", en Salinas, y el acto inaugural de la temporada de avistamiento de ballenas. Ambos son más que eventos turísticos; son rituales de encuentro, de celebración de la vida, de reafirmación del vínculo con nuestro territorio y con el mar. ¿Qué significa hoy tener que preguntarnos si debemos asistir? ¿Qué mensaje se instala en la comunidad si elegimos, por miedo, dejar de vivir estos espacios? ¿Guardarnos en casa? ¿No ir a la escuela? Más preguntas que respuestas, en un contexto donde las muertes —denominadas sicariatos— se presentan como un contador frío y deshumanizado que nos va arrebatando el respeto por la vida.
No se trata de rechazar de plano las medidas de seguridad. Comprendo que Santa Elena, como el resto del país, enfrenta desafíos complejos: crimen organizado, extorsión, violencia territorializada. El Estado tiene el deber de protegernos. Pero la discusión pública debe ir más allá de aceptar este binomio de seguridad a cambio de restricciones. Necesitamos acompañar este estado de excepción con acciones que fortalezcan la resiliencia social: contención emocional y apoyo comunitario para que el miedo no se instale como norma, protección activa de los espacios educativos y culturales incluso en contextos de emergencia, comunicación institucional transparente para que la ciudadanía comprenda el alcance y la temporalidad de la excepcionalidad, y, sobre todo, una participación ciudadana genuina en los procesos de recuperación. El tejido social no se recompone con decretos, sino con diálogo y acción colectiva.
Insisto: el gran desafío es no normalizar la excepción. Lo que más temo no es el toque de queda ni la presencia militar. Es que, pasado un mes, seis meses, un año, comencemos a aceptar como “normal” vivir bajo régimen de excepción. Que olvidemos que los derechos fundamentales son la base de una sociedad democrática. Santa Elena, con su historia de resistencia, de emprendimiento popular, de vida comunitaria en las parroquias rurales y urbanas, merece una estrategia de seguridad que respete y fortalezca su tejido social. No podemos ceder al miedo. Debemos vencerlo, colectivamente. Y debemos exigir, como ciudadanía crítica y consciente, que la excepción sea realmente temporal, proporcional y sujeta a rendición de cuentas.
Mientras tanto, toca cuidarnos, cuidarnos mucho. Pero también toca conversar, mantener vivos los espacios comunes, defender la esperanza, reivindicar nuestros rituales y resistir desde la vida comunitaria. Porque el miedo no puede tener la última palabra en nuestra provincia. Y porque nuestros niños merecen un futuro donde las preguntas no estén dominadas por la violencia, sino por el deseo de construir un Santa Elena libre y pacífica.
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