El problema es simple de describir, pero complejo de resolver: madres, padres y cuidadores optan por inscribir a sus hijos en instituciones públicas lejos de sus hogares, no por capricho, sino porque las escuelas del barrio no ofrecen condiciones mínimas de comodidad, infraestructura ni seguridad. Paradójicamente, esto satura escuelas con mejor reputación —aunque alejadas— y deja sin cupo a niños y niñas que sí viven en el entorno inmediato de dichas instituciones. ¿Quién se queda sin estudiar en su zona? Los de siempre: los que tienen menos recursos, menos influencia, menos movilidad.
En un territorio como Santa Elena, donde las distancias se combinan con la precariedad del transporte público, la decisión de buscar "mejor educación" en otro sector puede ser una sentencia de exclusión para otros. En los hechos, el sistema de asignación de cupos no solo ha colapsado logísticamente, sino también moralmente.
¿Por qué un padre preferiría enviar a su hija a una escuela a 10 kilómetros de casa? La respuesta está en lo evidente: algunas escuelas están en mal estado, sin baños adecuados, con aulas donde los ventiladores no funcionan, y sin espacios recreativos seguros. Y no hablamos de zonas marginales, hablamos de escuelas en zonas urbanas, incluso en cabeceras parroquiales. Si una institución educativa no brinda condiciones dignas, lo que estamos diciendo a esas familias es: “Si puedes, escapa”.
Y es ahí donde la política educativa debe dejar de ser burocrática y empezar a ser territorializada. No basta con prometer más cupos: se necesita una reingeniería del sistema que considere el contexto real de cada comunidad. Que escuche a las familias. Que priorice infraestructura, que invierta en docentes motivados, que garantice rutas escolares seguras. Que entienda que no es lo mismo planificar educación desde un escritorio en Quito que desde un aula agrietada en San Rafael o La Libertad.
Además, urge revisar el sistema de asignación de cupos del Ministerio de Educación, que en teoría privilegia la cercanía geográfica, pero en la práctica sucumbe ante la presión social, los “trucos” digitales y las solicitudes cruzadas. Hoy el algoritmo decide más que la realidad de las familias. Y eso no es justo.
Como periodista, como educadora y como ciudadana de esta tierra, no puedo dejar de preguntarme: ¿por qué en pleno 2025 seguimos condenando a nuestras infancias a mendigar por un pupitre digno? La educación es un derecho, sí, pero también una obligación del Estado que debe ser ejercida con eficiencia, equidad y respeto por el territorio.
Reivindiquemos el derecho a estudiar cerca, en condiciones dignas y con la tranquilidad que merecen nuestras familias. Porque una sociedad que obliga a sus niños a cruzar media provincia para educarse, es una sociedad que aún no ha entendido el verdadero significado de la palabra inclusión.
💬 ¿Has vivido alguna vez esta situación con el cupo escolar?
¿Crees que es justo tener que alejarse del barrio para acceder a una educación de calidad?
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