El veto que nos arrebata una oportunidad histórica para Santa Elena

Como peninsular, no puedo quedarme en silencio frente a la decisión del presidente Daniel Noboa de vetar totalmente la ley que asignaba un dólar por cada barril de petróleo industrializado a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional con 106 votos el pasado 26 de marzo, era más que una cifra presupuestaria: era un acto de justicia pendiente, una reparación simbólica y práctica a territorios que han sido fundamentales en el desarrollo energético del país, pero que siguen marginados del progreso que ayudaron a construir.

En Santa Elena, la historia del petróleo no se narra en libros de lujo, sino en manos agrietadas por el trabajo, en caminos de tierra que siguen sin asfaltar, en escuelas que no cuentan con laboratorios ni bibliotecas. Llevamos más de un siglo viendo cómo nuestras riquezas se van, mientras nuestras necesidades se quedan. Esta ley vetada no buscaba despilfarrar fondos, sino destinarlos a obras públicas urgentes y necesarias, sin afectar el gasto corriente. Era, por fin, una vía legal para empezar a saldar una deuda histórica con nuestra tierra.

El Ejecutivo argumenta que la medida afectaría al Presupuesto General del Estado, generando un impacto de 53 millones de dólares anuales. Pero ¿qué representa esa cifra frente a décadas de olvido, frente a generaciones enteras que han vivido sin acceso digno a salud, educación o servicios básicos? Hablar de sostenibilidad fiscal sin hablar de equidad territorial es como maquillar una herida abierta. No se trata de números, se trata de dignidad.

El veto presidencial no solo nos arrebata recursos, también nos arrebata una posibilidad real de descentralización efectiva. Nos niega el derecho a decidir sobre lo nuestro, a planificar nuestro futuro desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados con visión local y enfoque territorial. Mientras se habla de una "República moderna", se reproduce la misma lógica centralista que ha empobrecido nuestras posibilidades.

Desde esta orilla del país, desde esta Santa Elena orgullosa de su historia y cansada de su exclusión, hago un llamado a nuestras autoridades provinciales, cantonales y parroquiales: no bajen la voz, no bajen los brazos. Esta causa no termina con un veto, empieza con un compromiso. Busquemos nuevas rutas legales, nuevas alianzas políticas y ciudadanas. Defendamos lo que por derecho nos pertenece.

Y a la ciudadanía peninsular, le digo: despertemos. Esta lucha no se gana desde los hashtags ni los discursos incendiarios. Se gana con conciencia, con organización y con acción. Se gana recordando que somos parte de un país que no puede llamarse justo mientras margine a sus propias provincias petroleras. Se gana con cada voto, con cada exigencia pública, con cada propuesta firme que pongamos sobre la mesa.

Esta no es una pelea de redes sociales; es una demanda humana. Se libra en los barrios donde el agua potable aún no llega, en los hospitales donde escasean las medicinas, en las aulas donde la educación se sostiene con esfuerzo y creatividad. Se libra por cada joven que se ve obligado a migrar porque aquí no hay oportunidades. Se libra por el derecho de nuestras futuras generaciones a quedarse, a crecer y a prosperar en su tierra.

Santa Elena también existe. Y ya es hora de que Ecuador lo reconozca.

Tu opinión también construye el debate. ¿Qué acciones crees que deberíamos impulsar para alcanzar la equidad territorial? Te invito a comentar.