Cuando los mercados aplauden, los gobiernos suelen respirar aliviados. El riesgo país cae, los bonos suben y los titulares hablan de confianza. Así fue el amanecer del 15 de abril de 2025 en Ecuador, luego de que Daniel Noboa se asegurara su permanencia en Carondelet. Los números respaldaron el optimismo: el riesgo país se redujo en 562 puntos, los bonos de deuda repuntaron hasta un 30% y el discurso oficial celebró una supuesta “recuperación de la confianza internacional”. Pero entre los aplausos del exterior, en los barrios del sur de Guayaquil o en las comunas rurales de Santa Elena, la pregunta era otra: ¿Y nosotros, cuándo respiramos? Porque mientras las cifras del mercado dibujan una sonrisa en la élite financiera, las estadísticas sociales siguen gritando. El 31,9% de la población vive en pobreza. El país cerró 2024 con una contracción del PIB del 2,5% y una tasa de homicidios que aterra: 38,8 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. Y eso no se revierte con promesas ni con estados de excepción prolongados.
Confianza sí, pero con letra chica No cabe duda de que la reelección de Noboa ha sido bien recibida en los mercados. La victoria fue validada por observadores internacionales y, en términos técnicos, no hubo mayores sobresaltos. Sin embargo, la confianza económica no es un cheque en blanco. Es más bien un préstamo a corto plazo que depende de resultados concretos. Ecuador necesita más que estabilidad en las cifras: requiere una narrativa de país que no solo convenza a los inversionistas, sino también a su gente. La confianza verdadera es la que se construye desde abajo, cuando el ciudadano siente que su voz importa, que su seguridad es prioridad y que su trabajo vale.
Santa Elena votó con memoria
La provincia de Santa Elena, tierra natal de Noboa, fue clara: no basta con el apellido ni con los discursos de campaña. En la primera vuelta electoral, Santa Elena respaldó mayoritariamente a Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, con un 54,59% frente al 37,02% obtenido por el ahora reelecto presidente. Ese resultado inicial reafirmaba a la provincia como un bastión histórico del correísmo. Sin embargo, en la segunda vuelta, algo cambió: aunque González volvió a ganar, su margen se redujo significativamente —53,47% frente al 46,53% de Noboa—, lo que indica que una parte del electorado decidió darle una oportunidad al nuevo gobierno.
Este giro no es menor. Es una señal de que, incluso en territorios con lealtades políticas definidas, la gente está dispuesta a mover su voto cuando siente que algo puede cambiar. No fue una adhesión total, pero sí un llamado: “te miramos, ahora responde”. El respaldo parcial a Noboa en la segunda vuelta no borra las deudas históricas, pero sí abre una rendija de expectativa. El mensaje es complejo: queremos resultados, no promesas; cercanía real, no solo discursos de campaña. Porque en una provincia golpeada por el desempleo, la migración interna y el olvido institucional, incluso un leve giro en las urnas lleva un significado profundo: la esperanza aún existe, pero está en fase de prueba.
Seguridad vs. derechos: la delgada línea
La militarización del país, los estados de excepción y el discurso de “mano dura” han sido las cartas jugadas por el gobierno ante la creciente ola de violencia. Pero la ciudadanía ya empieza a preguntarse si el precio de la seguridad será la pérdida de libertades. El equilibrio entre garantizar orden y respetar derechos humanos es una línea que Noboa deberá aprender a caminar con cuidado.
Gobernabilidad: más allá de los números
Con 66 curules en la Asamblea, el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) no alcanza la mayoría necesaria para aprobar reformas de forma unilateral. La oposición —integrada por bloques como la Revolución Ciudadana y Pachakutik— suma fuerzas y puede ejercer un contrapeso relevante. En este escenario, los consensos no solo serán necesarios, sino inevitables si se quiere evitar el estancamiento legislativo. Sin embargo, la posibilidad de que Annabella Azin, madre del presidente, asuma la presidencia del Legislativo ha encendido alertas sobre una posible concentración de poder en el núcleo familiar del Ejecutivo, lo que podría agravar la ya frágil legitimidad institucional.
Más allá del ruido político, las decisiones en la Asamblea marcarán el ritmo del país en los próximos meses. Podría emerger un bloque de gobernabilidad temporal si el oficialismo logra alianzas estratégicas alrededor de temas específicos como la seguridad o la economía. También es posible que se imponga una lógica de obstrucción desde la oposición, lo que bloquearía proyectos clave y forzaría al Ejecutivo a recurrir a decretos de emergencia o consultas populares.
Hay quienes advierten incluso sobre un riesgo de polarización institucional que debilite la capacidad de diálogo, lo que alimentaría aún más el desgaste ciudadano hacia la política tradicional. Gobernar en democracia es aceptar la pluralidad, pero también entender que la negociación no es debilidad, sino condición de legitimidad. Sin acuerdos amplios y sin una conducción ética del Legislativo, cualquier reforma estructural quedará atrapada en el papel o, peor aún, en el conflicto.
¿Y el desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible no es un lujo ni una etiqueta para quedar bien en los informes internacionales; es una necesidad estratégica para un país que busca estabilidad en medio de la incertidumbre. El Banco Mundial ha identificado sectores con alto potencial para impulsar un crecimiento inclusivo: agricultura sostenible, minería formal y turismo. Pero esas oportunidades no se concretan solas. Requieren algo que Ecuador aún debe fortalecer con urgencia: gobernanza e institucionalidad.
Para el nuevo gobierno, este diagnóstico representa tanto una hoja de ruta como una prueba de fuego. Si bien el respaldo de los mercados puede facilitar el flujo de inversión, esas inversiones no perduran en entornos donde las reglas cambian según el humor político o donde el sistema judicial no ofrece garantías. La confianza que importa no es solo la financiera, sino la de las comunidades que serán afectadas —o beneficiadas— por esos proyectos.
Sostener el desarrollo implica más que explotar recursos. Implica gestionar con visión de futuro, respetar los territorios, y convertir la riqueza natural en bienestar colectivo. Es aquí donde el nuevo gobierno tiene una oportunidad única: demostrar que puede romper con el cortoplacismo, que puede planificar pensando en las próximas generaciones, y no solo en las próximas elecciones.
¿Y ahora qué?
Lo inmediato para el gobierno es construir puentes: entre la clase política y la ciudadanía, entre el centro y la periferia, entre el mercado y la realidad social. Reformar la justicia, garantizar educación y salud de calidad, atender las demandas territoriales y reducir la polarización no son tareas menores, pero sí urgentes. El gobierno de Noboa arranca con el respaldo de los mercados, pero con un pueblo aún dividido, expectante, cansado. Si quiere que la confianza internacional se traduzca en bienestar nacional, deberá gobernar con más escucha y menos cálculo. Porque al final del día, no es el precio de los bonos lo que define el futuro de un país, sino el valor que se le da a la vida de su gente
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